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La justicia más barata es la que no existe

La justicia más barata es la que no existe

VIERNES, 1 JULIO 2011

Francisco Camps, en el momento de jurar su cargo por tercera legislatura consecutiva, con la mano puesta sobre la Biblia, el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y Els Furs. / Manuel Bruque (Efe)

Ojalá fuera cierto que la crisis económica está poniendo en peligro el Estado de Bienestar. Porque, siendo éste un riesgo muy grave, su hipotética consumación no sería lo peor que nos puede suceder.

Lo más alarmante son los síntomas, para mí evidentes, de que la insuficiencia de los recursos públicos está despojando al Estado de sus funciones básicas. No quiero ser alarmista, sólo pretendo señalar algunas vías de agua que debemos taponar cuanto antes.

De lo contrario todos, pero especialmente los más indefensos, careceremos de protección si otros vulneran nuestros derechos. Ítem más: ¿cómo se obtiene la tutela jurídica de un Estado si es precisamente ese Estado, y no un ciudadano particular, el que ataca de manera directa nuestros intereses legítimos?

Trasladado al ámbito familiar, sería como si un padre abusara de sus hijos pequeños y les quitara el pan. Nos estamos jugando realmente el pan, que es un paso previo al bienestar. Y corremos el riesgo de que dentro de poco tengamos unEstado mínimo (pero depredador). Pondré dos muestras (que no anécdotas) de lo que digo, de fechas recientes.

1.- Hay asuntos tabú que nunca deberían dejar de serlo. Como la solvencia de los organismos públicos en sus relaciones comerciales. El Estado se podía retrasar en sus pagos (siempre lo ha hecho), pero hasta ahora a nadie se le pasaba por la cabeza que los créditos girados contra las cuentas del Estado (o avalados por él) pudieran resultar fallidos. Era imposible.

Fiscalmente, las leyes no contemplaban esa eventualidad: los llamados saldos de clientes de dudoso cobro (un concepto contable que permite considerar como gasto deducible y sacar de las bases tributarias los ingresos no realizados) estaban prohibidos para los contribuyentes que contrataban con el sector público.

Hasta que en el mes de abril de 2010 el Gobierno (Real Decreto-ley 6, del día 9) acabó con el mito de que los créditos adeudados o afianzados por entes públicos no podían resultar incobrables. “Por lo menos, que el proveedor del sector público recupere el IVA que ha adelantado a Hacienda si no cobra su factura a 30, 90 ó 1.000 días”.

Esa es la finalidad de dicho Decreto-ley: resarcir mínimamente el daño hecho por las Administraciones Públicas con la recuperación del IVA, bastando a tales efectos un informe del Interventor o Tesorero del órgano moroso (o insolvente) para que el contribuyente, una vez certificado el impago, pueda comunicar a la Agencia Tributaria la modificación –a la baja- de sus bases del IVA.

2.- Otro asunto tabú es la supuesta gratuidad de la Justicia. Sólo las grandes empresas, en algunos casos, pagan la llamada tasa judicial. Bueno, por desgracia un tabú menos.

No hay mejor Justicia gratuita que la que no existe.

Los ajustes presupuestarios han sido la excusa absolutoria de los compromisos adquiridos por la Comunidad Valenciana para suspender la entrada en funcionamiento de 15 nuevos juzgados en ciudades tan populosas como Torrevieja, Benidorm, Elche, Denia, Gandía o la propia ciudad de Alicante.

Lo más grave es que esos juzgados, que se constituirán cuando Francisco Camps agote todas las existencias locales de roperos en los que guarda sus trajes (para lo que no existe fecha determinada por ser el presidente valenciano ungentleman con un fondo de armario infinito), pertenecen a la programación judicial de 2010.

Pero el Gobierno valenciano, que solicitó su creación el 2 de febrero de 2010, ahora dice “que las 15 unidades judiciales conllevaban, entre otras razones, un alto y desproporcionado coste y que carecía de sentido su entrada en funcionamiento”. ¿Carece de sentido para quién? ¿Para los ciudadanos, en vista de lo bien que funciona la Administración de Justicia?

La Comunidad Valenciana ha incumplido sus obligaciones legales y estatutarias en la prestación de un servicio público elemental. El señor Camps alude a su “desproporcionado coste”, pero también a “otras razones”. ¿Cuáles serán? Se me escapan, pero la verdad es que no entiendo del todo a don Francisco, y su espléndido sacrificio y abnegación en interés del ahorro del erario valenciano.

Precisamente él, un político honrado que entra y sale cotidianamente por las puertas de los juzgados proclamando su inocencia. ¿Dónde resplandecerá a partir de ahora su inmaculada decencia si nadie riega la planta de la Justicia, tan zarandeada, escasa de recursos y abrumada de sumarios y otros expedientes? Pobrecilla la Justicia, que no tiene sastre que la vista.

Coda: ¿no habría que cambiar el sentido habitual de la expresión desórdenes públicos?

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